EHPAD y residencias para mayores en Francia y España: un desafío ético y estructural

En Francia y España, el envejecimiento de la población ha generado una creciente demanda de plazas en establecimientos especializados en el cuidado de personas mayores dependientes. Sin embargo, distintos informes señalan que ambos países enfrentan dificultades para responder a esta necesidad, lo que lleva a muchas familias a recurrir a alternativas como las residencias para mayores independientes, que en algunos casos no resultan plenamente adecuadas para personas con un nivel avanzado de dependencia. Esta situación puede plantear riesgos de lo que algunos autores denominan “maltrato institucional estructural” y exige una reflexión profunda sobre las políticas de cuidado de las personas mayores.

Francia: una oferta bajo presión

En Francia, los Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) registran una demanda que, en varios departamentos, supera la oferta disponible. Según la DREES, en los Pirineos Atlánticos (64) existen 115 EHPAD con una capacidad total de 8.652 plazas, lo que corresponde a una tasa de equipamiento de 129 plazas por cada 1.000 personas mayores de 75 años, frente a la media nacional de 148. Estas cifras sugieren que, en este territorio, la oferta podría ser insuficiente en relación con la demanda local.

A nivel nacional, el índice de ocupación de los EHPAD ha pasado de entre el 95% y el 98% antes de la crisis sanitaria a alrededor del 88% en 2023 (DREES, 2023). Aunque esta disminución refleja en parte la reticencia de algunas familias tras la pandemia y el desarrollo de alternativas como el cuidado a domicilio, diversos estudios subrayan que oculta fuertes disparidades territoriales. Departamentos como los Pirineos Atlánticos continúan mostrando tasas de presión superiores a la media.

En el País Vasco francés, la presión demográfica sobre las residencias de mayores (EHPAD) se ve acentuada por una doble dinámica: el envejecimiento acelerado de la población local y la llegada de jubilados procedentes de otras regiones atraídos por la costa vasca. Según el INSEE, más del 30 % de la población del territorio tendrá más de 60 años en 2030, frente al 26 % a nivel nacional. Este diferencial coloca a Iparralde entre las zonas más envejecidas de Francia.

Al mismo tiempo, municipios costeros como Biarritz, Anglet o Saint-Jean-de-Luz atraen a numerosos jubilados de otras regiones, que se instalan de manera definitiva tras la jubilación. Esta afluencia refuerza la presión sobre la oferta de plazas en residencias. Actualmente, en el departamento de Pirineos Atlánticos, se contabilizan unas 10.000 plazas en EHPAD, mientras que la tasa de ocupación supera habitualmente el 97 %, lo que significa que prácticamente no existe margen para nuevas admisiones urgentes.

Las proyecciones indican que, para 2040, la población de mayores de 85 años podría duplicarse en el territorio, lo que generará un déficit aún mayor entre la oferta y la demanda. La instalación de nuevos jubilados procedentes de fuera amplifica este desajuste: aunque contribuyen a la economía local, también incrementan la necesidad de servicios médicos, sociales y residenciales.

En consecuencia, la problemática no se limita únicamente al envejecimiento natural de la población local, sino a una dinámica de atracción residencial que convierte al País Vasco en un territorio especialmente tensionado en lo que respecta a la atención de personas mayores dependientes.

España: un sistema también tensionado

En España, proyecciones recientes del sector señalan que en 2030 podrían faltar aproximadamente 172.000 camas en residencias, lo que se interpreta como un signo de que será necesario ampliar la infraestructura y los servicios dirigidos a personas mayores dependientes.

Para anticipar este escenario, se han anunciado inversiones de unos 3.000 millones de euros en los próximos tres años, con la entrada de operadores nacionales e internacionales. No obstante, algunos análisis destacan que el acceso sigue siendo limitado debido al coste y a la insuficiencia de plazas en determinadas regiones, lo que genera desigualdades territoriales ya señaladas en informes del IMSERSO y del Defensor del Pueblo.

Atracción de jubilados hacia ciertas regiones de España

Costa del Sol (Málaga)

Málaga alcanzó en 2024 su cifra más alta de pensionistas registrada: 291 929 personas, lo que representa alrededor del 18,9 % de la población total, con un aumento del 11 % desde 2021. Además, un 22 % de estas personas son extranjeras, lo que evidencia un flujo significativo de jubilados foráneos que agrava la presión sobre las plazas en residencias públicas y servicios de dependencia acumulados.

Valencia

La ciudad de Valencia ha sido elegida como uno de los cinco mejores destinos internacionales para retirarse en 2025. Forbes cita su clima mediterráneo, calidad de vida, atención sanitaria y costo de vida razonable —unas 2 363 USD mensuales para dos personas— como factores clave para atraer a jubilados.

 Residencias para mayores: una solución parcial

En ambos países, las residencias para mayores se conciben principalmente para personas autónomas o semi-autónomas. Estas estructuras ofrecen servicios opcionales (restauración, limpieza, actividades), pero no suelen contar con personal médico permanente ni con instalaciones adaptadas para cuidados intensivos.

La saturación de los EHPAD en Francia y de las residencias especializadas en España ha llevado, en algunos casos, a que estos centros acepten a residentes con altos niveles de dependencia. Diversos observadores señalan que esto puede generar riesgos asociados a tres factores: un personal insuficiente o con formación limitada, infraestructuras poco adaptadas y, en consecuencia, un aumento del riesgo de cuidados inadecuados que algunos autores califican como “maltrato institucional estructural”.

Entre la pensión media y el costo real: una tensión que atraviesa la vejez en Euskadi

En el País Vasco, la escasez de plazas en EHPAD obliga a muchas personas mayores a mirar hacia las residencias sénior como alternativa. Sin embargo, aquí aparece la primera cara del díptico: la pensión media en Francia ronda los 1 500 a 1 900 euros netos al mes, mientras que el alquiler de un estudio en una residencia sénior se sitúa entre 1 200 y 1 500 euros, sin contar servicios adicionales. El resultado es un desfase evidente: incluso después de una vida de trabajo, gran parte de los jubilados no puede acceder a este tipo de alojamiento, salvo con ayudas familiares o patrimoniales.

La otra cara del díptico muestra una opción aparentemente más flexible: la ayuda a domicilio. Con un coste de 12 a 16 euros por hora (antes de deducciones fiscales y de la APA), esta alternativa permite a los mayores permanecer en sus hogares. Pero la tensión persiste: cuanto más aumenta la dependencia, más se disparan las horas necesarias y, por lo tanto, el gasto mensual.

Además, estas residencias y servicios se concentran en zonas urbanas donde resulta difícil contratar personal por menos de dos horas diarias al salario mínimo, con contratos precarios que no ofrecen estabilidad.

A ello se suma un círculo vicioso: el propio personal tiene enormes dificultades para alojarse en estas mismas áreas urbanas debido al alto coste inmobiliario. Así, entre una residencia demasiado cara para los jubilados y un trabajo poco viable para los cuidadores, se configura una paradoja social y económica que revela la fragilidad del sistema de cuidado frente al envejecimiento.

Envejecimiento y desigualdad: el dilema de los mayores en España

En España, el primer rostro del díptico se refleja en la realidad de las pensiones. La pensión media de jubilación se sitúa en torno a 1 400 euros mensuales (con fuertes diferencias entre comunidades autónomas: más elevada en el País Vasco, más baja en Galicia o Extremadura), mientras que el precio medio de una plaza en una residencia privada supera los 1 900 euros al mes y puede alcanzar los 2 500 euros en zonas urbanas como Madrid o Barcelona. La brecha entre ingresos y costes evidencia que el acceso a una residencia privada queda reservado a una minoría, mientras la oferta pública, insuficiente, no logra absorber la demanda creciente de una población que envejece rápidamente.

El segundo rostro del díptico se observa en el ámbito de los cuidados domiciliarios. El servicio de ayuda a domicilio tiene un coste que varía entre 12 y 18 euros por hora, con grandes diferencias municipales. Aunque las prestaciones de la Ley de Dependencia intentan cubrir parte de este gasto, los retrasos administrativos y la limitación de horas concedidas generan una tensión constante. A esto se añade un problema estructural: gran parte de las cuidadoras trabajan con contratos precarios y bajos salarios, en zonas urbanas donde el precio de la vivienda hace casi imposible residir cerca del lugar de trabajo. El resultado es un sistema en el que los mayores no encuentran soluciones asequibles y los cuidadores no encuentran condiciones de vida dignas, revelando una misma paradoja social: el envejecimiento se ha convertido en un espejo de la desigualdad territorial y económica en España.